Se abre un laberinto de recursos jurídicos, sea cual sea la decisión

24 de enero de 2018

PORTO ALEGRE (De nuestro corresponsal).- Cualquiera que sea hoy la decisión del Tribunal Regional Federal de la 4» región (TRF4) sobre la apelación de la condena de Luiz Inacio Lula da Silva, hay tres certezas que se mantienen: el exmandatario no quedará preso de inmediato, su candidatura para las elecciones de octubre no quedará automáticamente inhabilitada y habrá que aguardar hasta el final de un laberinto de recursos jurídicos para una definición sobre el destino del máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Por otra parte, aunque es muy poco probable, el fallo podría postergarse si alguno de los tres jueces del tribunal pidiera más tiempo. La absolución de Lula también es una posibilidad, si bien las estadísticas del TRF4 juegan en contra del expresidente. De los 77 condenados por el juez federal Sérgio Moro en las causas relacionadas con la operación Lava Jato, la corte de apelaciones absolvió a apenas seis.

El TRF y el Ministerio Público Federal ya adelantaron que de ser confirmada o aumentada la pena a nueve años y medio de cárcel a Lula, al exmandatario se le permitirá agotar todos los recursos jurídicos antes de ser encarcelado.

“No existe la menor posibilidad de que Lula vaya preso en lo inmediato. Existe un gran abanico de alternativas hasta que eso suceda”, afirmó a LA NACION la abogada criminalista Fernanda de Almeida Carneiro, profesora del Instituto de Derecho Público en San Pablo.

La especialista explicó que el laberinto de apelaciones en que entrará la defensa de Lula en caso de que la condena sea ratificada depende de cómo sea el tablero final de votos. Si el fallo es unánime, las chances para Lula se reducen: podrá presentar ante el TRF4 embargos de declaración, que son utilizados en casos de omisión, contradicción u oscuridad en la sentencia, para que la corte haga aclaraciones, pero en raros casos estos recursos alteran la decisión.

“Entonces solo le quedarían recursos ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) por considerar que en el proceso se infringió alguna ley federal, o ante el Supremo Tribunal Federal (STF), si estima que se están violando derechos garantizados en la Constitución”, señaló Almeida Carneiro.

En cambio, si el fallo es ratificado por un voto de dos a favor y uno en contra, la defensa podrá presentar ante el propio TRF4 un recurso llamado embargo infringente, por el cual se solicita que el voto absolutorio sea respetado y se haga un nuevo análisis del caso, esta vez ya por seis jueces del tribunal, incluidos los tres que participaron de la decisión previa.

“Como no hay plazos establecidos para la revisión, Lula ganaría más tiempo, elemento clave en su estrategia para ser candidato en las elecciones de octubre”, apuntó la abogada criminalista.

Ya otro juego de recursos se abre ante la Justicia Electoral, que de última será quien decida si Lula puede o no competir en los próximos comicios. En 2010, el propio Lula sancionó la llamada “ley de ficha limpia”, por la cual se estableció que una persona condenada en segunda instancia no puede asumir ningún cargo.

“El impedimento recae sobre la asunción del cargo, pero la inelegibilidad no genera una prohibición automática para que Lula no compita por el cargo. Retira de Lula una de las condiciones de elegibilidad -el pleno goce de sus derechos políticos-, pero esas condiciones serán analizadas solo por la Justicia Electoral cuando se presente su candidatura”, advirtió Fillipe Lambalot, especialista en derecho electoral de la Orden de Abogados de Brasil y socio del estudio Leite, Tosto y Barros.

El PT ya ha adelantado que, pase lo que pase en el TRF4, seguirá adelante con la candidatura de Lula. Las candidaturas deben ser registradas ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) entre el 20 de julio y el 15 de agosto.

“Con una condena ya en segunda instancia, lo más probable es que el TSE impugne de inmediato la candidatura de Lula. Sin embargo, la defensa del expresidente podría presentar una medida cautelar ante el tribunal solicitándole que mantenga la candidatura hasta que se definan los recursos penales ante el STJ y el STF; sería una candidatura sub judice, bajo juzgamiento final”, aclaró Lambalot.

Si el TSE no aceptara el pedido del PT e impugnara la candidatura, el partido tendría hasta el 17 de septiembre (20 días antes de la primera vuelta electoral) para presentar otro candidato. Si, en cambio, se permitiera su candidatura hasta el agotamiento de los recursos jurídicos, Lula podría competir normalmente. Eso sí, en caso de ganar las elecciones se abriría un nuevo problema si la condena fuera confirmada después de todos los recursos: de suceder eso antes de que el TSE le entregue el diploma de ganador, quedaría inhabilitado para asumir la presidencia y deberían convocarse nuevos comicios; si ocurriera luego de la entrega del diploma, Lula ya gozaría de fuero privilegiado y el proceso debería suspenderse hasta el fin de su mandato, por lo que solo podría ir preso al dejar el cargo, el 1º de enero de 2023.

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